Legal compliance

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece una serie de medidas para preservar la normalidad de los flujos de financiación y los niveles de circulante y liquidez, para así permitir que empresas y autónomos continúen abonando los salarios de los empleados y las facturas a proveedores, manteniendo la actividad económica. Entre estas medidas, el artículo 29 de esta norma prevé una línea de avales por importe máximo de 100.000 millones de euros que aportará el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la cobertura de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. Dado que se trata de avales en rango «pari passu», en los que se comparte riesgo con las entidades financieras, se movilizarán también importantes cantidades por parte de las entidades privadas. Por tanto, las cantidades que por medio de esta línea de avales se ponen a disposición para mantener la actividad económica de empresas y autónomos han de entenderse como un mínimo, que vendrá complementado por recursos adicionales del sector privado. De este modo, se pone a disposición de la economía española una importante red de seguridad financiera para poder hacer frente a esta excepcional situación. El citado artículo 29 establece que las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación. Las condiciones específicas para la liberación del primer tramo de la línea de avales, por importe máximo de 20.000 millones de euros, se detallan en el anexo I. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. I. Pág. 26969 cve: BOE-A-2020-4070 Verificable en https://www.boe.es En su virtud, y a propuesta de la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 24 de marzo de 2020, acuerda: 1. Establecer, de acuerdo con lo regulado en el artículo 29 del Real Decretol ey 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, detallados en el anexo I, para el primer tramo de la línea de avales que ascenderá a un importe de 20.000 millones de euros, otorgada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Mediante este primer tramo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital avalará la financiación otorgada por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para paliar los efectos en su actividad como consecuencia del COVID-19. Los avales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital serán gestionados a través del Instituto de Crédito Oficial en los términos previstos en este Acuerdo. 2. Los importes correspondientes a los quebrantos que se produzcan por la ejecución del aval, así como los gastos de gestión y administración del Instituto de Crédito Oficial por la instrumentación de este aval, se atenderán desde la partida presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establecida al efecto y conforme a los términos indicados en los anexos de este Acuerdo y la autorización de límites para adquirir compromisos de gasto en ejercicios futuros recogida en el anexo II de este acuerdo. 3. Facultar al Instituto de Crédito Oficial para que, en el ámbito de sus competencias, a través de sus órganos competentes, resuelva cuantas incidencias prácticas pudiesen plantearse para la ejecución de esta línea de avales y durante toda la vigencia de las operaciones. En aquellas cuestiones que puedan tener implicaciones presupuestarias o para su equilibro financiero, el Instituto de Crédito Oficial podrá hacer las propuestas correspondientes a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para su consideración. 4. Mandatar al Instituto de Crédito Oficial para que dentro de los 10 días siguientes a la adopción de este Acuerdo de Consejo de Ministros disponga lo necesario para la puesta en marcha de forma efectiva de esta línea de avales. 5. Autorizar al Instituto de Crédito Oficial a cargar en el Fondo de Provisión creado por el Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de octubre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, los quebrantos por ejecución de los avales, así como los costes financieros y gastos de gestión y administración que para el Instituto de Crédito Oficial suponga la instrumentación de esta línea de avales por cuenta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ANEXO I Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir son los siguientes: Definiciones y finalidad Definición de pyme. Se considerarán pymes aquellas empresas que reúnan esta condición de acuerdo con el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. Definición de entidad financiera. A los efectos de este Acuerdo, se entenderá que son entidades financieras las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pago. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. I. Pág. 26970 cve: BOE-A-2020-4070 Verificable en https://www.boe.es Finalidad. Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, la línea de avales tiene por objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. Importes del primer tramo y de los subtramos Importe total del primer tramo de la línea de avales. Hasta 20.000 millones de euros, aportados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Importes por subtramos de la línea de avales. Se

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  NOTAS SOBRE LA CLAUSULA SUELO-RESUMEN SOBRE COMO ACTUAR EN JUICIO ESTAMOS HABLANDO DE como UN CONSUMIDOR ante un PRESTAMO HIPOTECARIO cual es el CRITERIO DEL TRIBUNAL SUPREMO LA INFRACCION Y NO PASA EL CRITERIO DE TRASPARENCIA EN BASE A LA ORDEN MINISTERIAL DE 5 DE MAYO DEL 1994 1º-NO EXISTE OFERTA VINCULANTE Y PRECONTRACTUAL SOBRE LA INFORMACION EXACTA POR ESCRITO NO PASA EL CONTROL DE INCLUSION, NI SE APORTA EN EL PROCEDIMIENTO NI SE INCLUYE EN LA ESCRITURA NOTARIAL, NI FIRMADO POR LAS PARTES 2º-NI EL CONTROL DE TRASPARENCIA, NO CONSISTE EN UNA COMPRENSION GRAMATICAL, SINO QUE EL CONSUMIDOR COMPRENDA LA CARGA DE SU CREDITO UTILIZAN UN FORMULARIO TIPO DE APLICACIÓN NO EXISTE TRASPARENCIA SE DEBE TRASMITIR EL MECANISMO FUNCIONAL DE LA CARGA Y COSTE REAL. COSA QUE NO SE DA COMO REFLEJA EL TSJUE 30 DE ABRIL DEL 2014 EURIBOR MAS 0,25 QUE ES LO QUE ESTA EN NEGRITA Y RESALTADO EN LAS ESCRITURAS COMO ALGO NORMAL EN SU DIA. Y NO UN FIJO DEL 4,25 Y MAXIMO DEL 15% LA COMPRENSION REAL NO PASA EL CONTROL. NI CONTROL DE INCLUSION NI TRASPARENCIA ABUSIVIDAD Existe un interés fijo engañoso, la trasparencia debe tenerla el banco, existe un déficit informativo claro Son clausulas prefijadas nada claras, sin informar nada de las consecuencias de las clausulas, no hay documentacion previa. No se incorpora la advertencia sobre el tipo de interés INCUMPLE LA CLAUSULA ABUSIVA SEGÚN EL ART 8 LGC Y ART 82 Y 83 LGC NACIO COMO TIPO FIJO DESEQUILIBRIO EN PERJUICIO DE LOS CONSUMIDORES EXISTE UNA CLARA NULIDAD E INEFICACIA DEL CONTRATO POR LO CUAL EL CRITERIO DE RETROACTIVIDAD SE DEBE APLICAR COMO REFLEJA EL CRITERIO DE TS Y AUDIENCIA EL 1300 Y 1301 NO PERJUDICA LOS INTERESES GENERALES NO EXISTE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO SINO LA RESPONSABILIDAD DEL BANCO DE ESTABLECER UNA CLAUSULA NULA DE PLENO DERECHO. INTERES DE MORA EL 18 % ES ABUSIVA EL TS ESTABLECE COMO NORMA 2 O 3 VECES EL REMUNERATIVO GASTOS HIPOTECARIOS XX EUROS NOTARIA-GESTORIA-REGISTRO CRITERIO DE LA AUDIENCIA ESTABLECE LA NULIDAD DE CLAUSULA SUELO Y LOS GASTOS HIPOTECARIOS Letrado Bartolomé Luis Arranz Durán REICAZ

OKUPA ILEGAL Y MAFIA-ESTAFA ESTAMOS HABLANDO DE ESTE INDIVIDUO O GRUPO. En paralelo a dicho indeseable fenómeno, han aparecido otras situaciones –muy distintas– de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, en las que, aprovechando sus actores (en ocasiones auténticas estructuras organizadas de signo mafioso) la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad. ESTE ES UN CASO. En determinados casos, incluso se han llegado a dar situaciones tan injustas y flagrantes como ocupar ilegalmente viviendas de alquiler social de personas en situación económica muy precaria o propiedad de ancianos o personas desvalidas con pocos recursos. En dichos supuestos de ocupación ilegal el modus operandi de los usurpadores suele reproducirse, llegándose a exigir para el abandono de la vivienda ocupada el previo pago de cantidades a cambio de un techo inmediato, o incluso a extorsionar al propietario o poseedor legítimo de la vivienda para obtener una compensación económica como condición para recuperar la vivienda de su propiedad o que legítimamente venía poseyendo. E INTIMIDARLE ESTE ES EL CASO QUE SE ESTA DANDO DE FORMA HABITUAL Y SOBRE EL QUE EL MINISTERIO PUBLICO Y LAS AUTORIDADES DEBEN ACTUAR. Hasta la entrada en vigor de la Ley 5/2018 ninguno de los cauces legales para impedir las referidas situaciones eran del todo satisfactorios y, además, la respuesta de nuestro ordenamiento jurídico se demoraba en exceso, impidiendo a los perjudicados por dicho ilegal fenómeno obtener la restitución de su vivienda en un plazo razonable. Desde el punto de vista penal, el fenómeno de la ocupación ilegal encuentra respuesta, esencialmente, en el artículo 245.2 y concordantes del Código Penal referidos al delito de usurpación si bien nuestra jurisprudencia ha venido a señalar que dicho remedio, en cuanto respuesta penal, ha de ser la “ultima ratio” reservada para los casos en los que la perturbación tiene mayor significación y gravedad. Por tanto, dicho mecanismo no puede erigirse en modo alguno en solución general ante el problema de la ocupación ilegal de viviendas. ENTENDEMOS QUE DICHA SOLUCION DEBE APLICARSE SI NO ACTUA LA ADMINISTRACION PUBLICA CON RAPIDEZ, HECHO QUE NO SE DA.   BALEARES TOMA LA INICIATIVA CONTRA LOS OKUPAS. El Ministerio Público ha dictado esta orden motivado por «un grave problema social y legal que va en aumento«. Y añade: «Al no haber una respuesta jurídica uniforme se hace necesario establecer una serie de criterios de actuación a La Junta de Jueces de Instrucción de Palma reunida el pasado 23 de mayo acordó «dar una respuesta rápida» a las denuncias referidas a ocupaciones ilegales. Los juzgados de guardia valorarán la urgencia de la petición y actuarán en consecuencia. Los magistrados consideran que se trata de «una importante problemática social que se está generando al respecto de conductas que pueden afectar al derecho de propiedad de bienes inmuebles». La Fiscalía de Balears ha decretado en una instrucción que los cuerpos y fuerzas de seguridad deberán «actuar directamente y de forma inmediata sin necesidad de solicitar medidas judiciales» para desalojar un inmueble que haya sido objeto de una ocupación ilegal. ESTE CRITERIO ES EL QUE DEBERIA APLICARSE A NIVEL NACIONAL. QUE CADA UNO QUE ESTA EN SITUACION DE DECIDIR PIENDSE SI LE PASARA A EL, Y LUEGO QUE LO PADEZCA Y OPINE. DEBEN INCLUIRSE LOS APARTAMENTOS QUE SE UTILIZAN PARA EL TURISMO DADA LA GRAVOSIDAD QUE GENERA Y EL PERJUICIO ECONOMICO. “”EXISTEN VERDADEROS PROFESIONALES QUE SABEN COMO ACTUAR Y GENERAR LA VULNERABILIDAD SIN TENERLA Y LUEGO RECLAMAN DINERO PARA IRSE DADO EL PERJUICIO QUE SE HA GENERADO.”” el artículo 245 del Código Penal ya castiga la ocupación ilegal de inmuebles. «La policía puede actuar para impedir ocupaciones, pero se ha extendido la idea de que solo podían resolverlas un juez», afirmó Cornell. «Pueden hacerlo incluso si no hay denuncia por parte del propietario», DESGRACIADAMENTE ESTE HECHO SE HA EXTENDIDO EN TODA ESPAÑA En su escrito, la fiscalía establece diferentes niveles de gravedad. Por ejemplo, cuando se trata de una ocupación de la vivienda habitual mientras el propietario «está ausente porque está de viaje, hospitalizado o por cualquier otro motivo», el cuerpo policial que haya recibido la denuncia «debe proceder directamente y de forma inmediata al desalojo de los terceros ocupantes y su detención». El objetivo, explica el Ministerio Público, es evitar que el delito «se prolongue en el tiempo y produzca mayores efectos». El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, contra la reforma en la ley que permite agilizar los desahucios de viviendas ocupadas, que se aprobó en las Cortes antes del verano. SI A ELLOS LES PASARA OPINARIAN DE OTRA FORMA, EL QUE LO PADECE ES EL ESFUERZO Y TRABAJO DE TODA UNA VIDA ¡! La ley, que es una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), fue aprobada el pasado mes de abril en el Congreso de los Diputados para facilitar que los propietarios de viviendas ocupadas de manera ilegal puedan recuperar el inmueble en un breve plazo de tiempo, en concreto, en un máximo de 20 días. Aunque esto en la realidad no pasa dado que hasta que son escuchadas las partes pueden pasar mínimo 4 meses y ñluego el juicio.   Se le debería dar plena facultad y capacidad a la policía para actuar en 48 horas. La ley contó con el respaldo del PP, Ciudadanos y el PNV, mientras que el PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC y Compromís votaron en contra en la Cámara Baja, y tras completar su tramitación en el Senado fue publicada finalmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mes de junio. Los recurrentes consideraban que la ley impugnada vulneraba, entre otros, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a disfrutar de una vivienda digna y adecuada porque hacían posible ejecutar